NOTICIAS TIGRE:EL FALLO QUE FRENA LAS TORRES EXPONE LA EMERGENCIA QUE NADIE QUISO
TRATAR
La reciente medida cautelar dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 de
San Isidro, que ordena suspender nuevas viabilidades y permisos de obra para edificaciones
en altura en Tigre, volvió a instalar con fuerza un debate que, puertas adentro del Concejo
Deliberante, no es nuevo. Antes de que la Justicia interviniera y mucho antes del decreto
municipal de emergencia parcial, el único bloque que presentó —el 30 de junio— un proyecto
integral para frenar el deterioro urbano y ordenar el crecimiento del distrito fue el bloque de La
Libertad Avanza, presidido por el concejal Juan José Cervetto.
El expediente judicial es contundente: reconoce que Tigre enfrenta un crecimiento edilicio
acelerado “sin los estudios integrales de impacto ambiental, movilidad y capacidad de
infraestructura” y con un Código de Zonificación de casi 30 años, fragmentado y
desactualizado. La sentencia también señala que el propio municipio admitió la necesidad de
actualizar alturas máximas, unificar criterios urbanísticos y abrir instancias formales de
participación ciudadana. Sin embargo, mientras la Justicia actúa para evitar que el desorden
avance, el proyecto de ordenanza que proponía declarar la emergencia urbanística en Tigre
continúa paralizado en comisión.
La iniciativa —que planteaba una suspensión temporal y preventiva de nuevas obras medianas
y grandes, junto con la obligación de acelerar la actualización del Código— no recibió el
acompañamiento de ninguno de los otros bloques del Concejo, ni siquiera de aquellos
concejales que hoy se muestran alarmados y exigen suspensiones. Paradójicamente, quienes
ahora celebran el fallo judicial o reclaman que se detengan los permisos de obra fueron los
mismos que se negaron a tratar la propuesta cuando correspondía, dejando sin herramientas
institucionales al municipio en un momento crítico. Es por eso que distintos actores señalan
que la discusión urbanística no debería transformarse en un terreno para mezquindades
coyunturales ni para oportunismos de ocasión, porque lo que está en juego es la calidad de
vida de los vecinos y no la ventaja discursiva de un día.
Un proyecto anticipado a la crisis actual
La ordenanza impulsada por La Libertad Avanza establecía la declaración de emergencia
urbanística por seis meses, la suspensión de nuevas autorizaciones para obras de mayor
impacto y la exigencia al Departamento Ejecutivo de remitir al Concejo un proyecto de
actualización del Código de Zonificación con participación vecinal real.
Esa iniciativa fue elaborada después de reuniones mantenidas por los concejales Juan José
Cervetto, Diego Avancini y su equipo consultivo interdisciplinario con vecinos de La Bota,
General Pacheco y Rincón de Milberg, quienes desde hace años advierten sobre los problemas
crecientes de tránsito, presión sobre los servicios públicos, pérdida de identidad barrial y
saturación edilicia. El programa de trabajo territorial impulsado por Cervetto y su equipo
permitió sistematizar la información técnica y social que luego se tradujo en el proyecto.
Lejos de ser una reacción improvisada, la propuesta de LLA fue la única respuesta institucional
seria presentada en tiempo y forma. Aunque los demás bloques decidieron no acompañarla, la
iniciativa anticipó lo que hoy la Justicia exige y lo que el Ejecutivo terminó reconociendo a
través del Decreto 935/2025.
El contraste entre un plan integral y los parches
La medida cautelar y el decreto municipal coinciden en un punto central: la necesidad de
detener el avance constructivo descontrolado hasta que exista una nueva normativa. Pero
ambos instrumentos comparten una debilidad: actúan de manera reactiva. Por el contrario, el
proyecto de LLA proponía un marco jurídico integral, una suspensión equilibrada que protege a
los vecinos sin frenar la economía y un proceso claro de previsibilidad normativa para que tanto
los ciudadanos como los desarrolladores serios puedan planificar con reglas estables,
transparentes y acordes al interés público.
Mientras el decreto exceptuó proyectos ya aprobados —incluso aquellos cuestionados por los
propios vecinos—, la iniciativa de LLA abarcaba las obras que generan saturación real en los
barrios. El contraste es evidente: unos pusieron parches; otros plantearon una política pública
seria, coherente y técnicamente sustentada.
Cervetto y su equipo, los únicos que pusieron el tema en agenda antes de la crisis
Hoy, la Justicia obliga a hacer lo que el Concejo Deliberante pudo haber tratado meses atrás. Si
el proyecto del bloque libertario hubiese sido acompañado, Tigre ya contaría con una
herramienta legal vigente para ordenar el crecimiento urbano con criterios técnicos y no con
medidas de urgencia.
Cervetto sostiene que este episodio debe servir como punto de inflexión: “el urbanismo no
puede ser manejado con decretos, ni con cálculos coyunturales, ni con improvisación política.
El ordenamiento territorial exige planificación, participación ciudadana y un rol central del
Concejo”.
En ese camino, Cervetto, Avancini y su equipo fueron —y siguen siendo— quienes asumieron
con responsabilidad técnica y política el desafío de ordenar Tigre mientras el resto miraba para
otro lado. A fin de cuentas, el verdadero desarrollo urbano no se construye con apuros ni
excepciones, ni puede quedar rehén de maniobras partidarias de corto plazo, sino que exige
reglas claras, estabilidad normativa y una convicción real por proteger la calidad de vida de los vecinos.
